LA REFORMA LABORAL DEL 2021

La legislación laboral ha estado frecuentemente en proceso de transformación para intentar solucionar los problemas que ha sufrido el mercado laboral en los últimos años en consecuencia de los cambios sociales, desempleo, la temporalidad y la economía en general. Todos estos factores, han supuesto que España se encuentre en una situación de precariedad laboral preocupante, ya que cada vez se producen más malas condiciones en los puestos de trabajo, dificultades en el acceso a determinados empleos, dificultades para desarrollar las capacidades y habilidades plenas, etc.

Aunque, hay que tener en consideración, que ya se han producido seis reformas laborales durante este siglo, la penúltima se realizó en el año 2012 en consecuencia de la crisis financiera que sucedió en 2008 y sacudió duramente al mercado laboral.

El pasado diciembre del año 2021 se aprobó la reforma laboral a través del Real Decreto-Ley 32/2021 con el que se persigue garantizar la estabilidad del trabajo y la transformación del mismo. A través de esta reforma, se ha querido simplificar las modalidades contractuales que existían para adaptarlas al marco europeo e intentar sintetizarlas en menos figuras contractuales.

Anteriormente, con la reforma laboral del 2012 existían cuatro modalidades contractuales laborales:

1.     Contratos indefinidos.

2.     Contratos temporales.

3.     Contratos para la formación y aprendizaje.

4.     Contratos en prácticas.

A partir de la reforma laboral del 2021 se quedó en tres modalidades contractuales:

1.     Contratos indefinidos.

2.     Contratos temporales.

3.     Contratos formativos.

Mediante dicha reforma, se pretende acabar con la precariedad laboral y la temporalidad en el empleo. Se quiere establecer el contrato indefinido como regla general y estableciendo unas circunstancias muy concretas para poder contratar bajo la modalidad de duración determinada, y así evitar el uso abusivo de estos últimos años.

SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA EMPRESA Y SUS REPARTIDORES

El día 27 de abril de 2020, el Juzgado de lo Social nº2 de Zaragoza estimaba la demanda presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social contra Deliveroo, donde fueron también parte los repartidores de la empresa y el sindicato de UGT, por tal de defender la situación laboral a la que estaban sometidos los repartidores de dicha empresa. La sentencia dictada, la cual estimaba la demanda, determinó que entre la empresa y los trabajadores existe una relación laboral.  Por este motivo, la empresa Deliveroo decidió impugnar dicha resolución indicando que el vínculo contractual entre Deliveroo y las persones a las que se refiere la demanda como trabajadores a su cargo se podrían encuadrar, en algunos supuestos, como una relación no laboral por cuenta ajena, denominado en nuestro ordenamiento jurídico como trabajadores económicamente dependientes (TRADE), pero la empresa no especificó en ningún momento a qué trabajadores se refería, como se les aplicaba dicha calificación y por qué.

De esta forma, el pasado 05 de abril del presente año, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recuro interpuesto por la empresa Deliveroo contra la sentencia dictada por el Juzgado de los Social nº2 de Zaragoza, ratificando así la resolución de este órgano y confirmando la existencia de una relación laboral entre la empresa y los repartidores, que no eran trabajadores por cuenta propia. En dicha resolución se alega que los repartidores, durante su prestación de servicios, no participan en la estructura organizativa de la actividad de reparto como tampoco en la parte de dirección de la empresa relacionada con la selección de las empresas de hostelería y de los clientes receptores de sus productos. Por estos motivos, y al verse incumplidos los requisitos legales para considerar existente una relación no laboral por cuenta ajena (TRADE), también se concluye que no existe el riesgo ni el lucro que caracteriza la actividad empresarial como tampoco el desempeño de la profesión por cuenta propia.

Se debe tener en consideración, que contra esta sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón aún se puede interponer recurso de casación en el plazo de diez días desde su notificación.